Criterios · Sus palabras

Los anteojos de la racionalidad legislativa

Frente a una reforma constitucional que no comparte, el Dr. Osorio Rosado no propone a sus alumnos discutir si les gusta. Propone algo más incómodo: examinarla con un método, el mismo que se usa para saber si una ley está bien hecha. Y cerrar con la pregunta que esa noche nadie en la sala pudo contestar.

Análisis del sitio · Citas textuales del Dr. Osorio Rosado, con fecha y minuto

Octubre de 2025, octava sesión de un curso de actualización sobre prisión preventiva. Antes de entrar al texto de la reforma del 31 de diciembre de 2024 —la que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa—, dedica los primeros minutos a una herramienta que, advierte, casi ningún abogado usa. Empieza señalando a su propio gremio.

Qué es examinar una ley

La disciplina que propone tiene nombre y escuela: la racionalidad y argumentación legislativa, cultivada en Alicante y en Girona —menciona a Manuel Atienza y a Jordi Ferrer— y ya con producción académica en México.

A partir de ahí desglosa los criterios con los que se mide una norma, y que funcionan como una lista de comprobación aplicable a cualquier reforma:

• Racionalidad teleológica — la ley debe perseguir fines específicos, y no sólo ser eficaz, sino eficiente: que cumpla sus propósitos.
• Racionalidad ética — debe ser compatible con los valores y principios superiores del ordenamiento; es decir, con la Constitución.
• Racionalidad política — debe buscar la mayor inclusión de los ciudadanos en los derechos, respetando su dignidad.
• Racionalidad lingüística — debe poder entenderse.
• Coherencia — «el sistema legal debe concebirse como un todo, donde las normas están interconectadas y no se pueden contradecir».

Y explica por qué esto no es un refinamiento académico, sino una condición de funcionamiento.

El reproche va hacia adentro

Con la herramienta sobre la mesa, la pregunta obvia es por qué las reformas se aprueban sin pasar por ese examen. Su respuesta no acusa al legislador: acusa a los abogados.

Es una idea que recorre su trabajo docente: que el problema del sistema penal mexicano no es de diseño normativo sino de formación. Un año antes lo había dicho en una frase — «no es un problema constitucional ni legal ni jurisdiccional: es un problema formativo o de capacitación»—, y aquí la aterriza en una conducta concreta que sí depende de quien escucha.

La pregunta sin respuesta

Entonces interpela directamente a los asistentes conectados. La secuencia dura poco más de treinta segundos y es la parte más filosa de la sesión.

Nadie aporta uno. Él tampoco: «yo creo que yo tampoco lo he visto jamás». La demostración queda hecha sin necesidad de argumentar contra la reforma — si una medida se amplía sin evidencia de que sirve para lo que dice servir, falla en la primera de las racionalidades, la que exige que una ley sea eficiente respecto de su propio fin.

El resto de la sesión lo dedica a mostrar qué han hecho otros países que sí se detuvieron a repensar el sistema de sanciones —Noruega y Finlandia, donde las prisiones han ido desapareciendo— y a contar lo que vio en las cárceles de Manila cuando Naciones Unidas lo invitó a proponer soluciones para descongestionarlas.

Las citas se transcribieron del registro en video de la octava sesión del curso de actualización en materia de prisión preventiva, impartido para Justicia, Tributo y Equidad, y se indica el minuto de cada una. Se corrigió la puntuación propia del habla y los errores evidentes de reconocimiento de la transcripción, sin alterar el sentido. Los nombres de los asistentes que intervienen en la sesión se omiten deliberadamente. Esta entrada es un análisis del sitio; no está firmada por él.

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